Del 7 al 8 de Noviembre tuvo lugar en la Ciudad de México el importante Seminario sobre transparencia Legislativa con el lema de «Hacia un parlamento abierto».

Tenía como objetivo revisar y analizar los avances, en el Poder Legislativo mexicano, respecto al derecho de acceso a la información y la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de las tecnologías de la información, con un enfoque particular en las buenas prácticas institucionales, así como en las transformaciones y retos del Congreso de la Unión en materia de Parlamento Abierto.

Acceso a la presentación utilizada


Vídeo de la intervención en el Seminario sobre Transparencia Legislativa

Antecedentes y trayectoria del Gobierno Abierto en México (http://eventos.inai.org.mx/transparencialegislativa/index.php/antecedentes)

La Alianza para el Gobierno Abierto – AGA (OGP – Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral global que busca compromisos gubernamentales concretos para promover reformas e innovación, y estimular a los gobiernos para ampliar sus esfuerzos actuales en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

La AGA se lanzó formalmente el 20 de septiembre de 2011, cuando los 8 gobiernos fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, las Filipinas, Sudáfrica el Reino Unido y los Estados Unidos) suscribieron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron sus planes de acción nacionales. Actualmente, la Alianza tiene 62 países participantes más.

La participación de la sociedad civil se establece en los principios fundacionales de la Alianza y en sus estructuras de toma de decisiones lo cual se refleja en la integración, en números iguales, de representantes de sociedad civil con representantes de gobierno en el Comité Directivo, que es el órgano ejecutivo de la Alianza. Además, los gobiernos participantes se comprometen a trabajar activa y colaborativamente con la sociedad civil en la redacción e implementación de planes de acción nacionales así como en tareas de evaluación y monitoreo.

Se considera fundamental que en la elaboración del Plan de Acción de cada país, y sus compromisos, se aborden los cuatro principios base del Gobierno Abierto, es decir, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación y la tecnología.

La labor de la Alianza no se encuadra en las funciones específicas que desarrollan los gobiernos. La base fundamental del buen funcionamiento se sustenta en un trabajo de colaboración y cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno, buscando en todo momento la participación activa del sector privado. La participación en conjunto del gobierno y la sociedad civil.

México se sumó a OGP como parte del grupo de ocho países fundadores de la iniciativa. Como consecuencia, elaboró su primer Plan de Acción, el cual fue aplicable para el periodo 2011- 2012 y que tuvo dos fases: un primer plan de acción cuyo proceso de consulta fue limitado y un ‘Plan de acción ampliado’, que incluyó aportaciones sustantivas por parte de las organizaciones de la sociedad civil y se elaboró de forma colaborativa.

La AGA en el contexto de México se encuentra integrada a partir del Secretariado Técnico Tripartita, el cual a su vez se conforma por un integrante del Gobierno Federal, un miembro del INAI, además de un integrante del Comité Coordinador de Sociedad Civil.

Durante 2012, se planteó el segundo Plan de Acción, con base en una metodología que sirvió como referente para los procesos de co-creación de los Planes en otros países. El plan se formuló para soluciones inmediatas, con cinco objetivos para la promoción de un Gobierno Abierto: 1) Gobierno centrado en los ciudadanos; 2) Presupuesto abierto y participativo; 3) Datos abiertos para el desarrollo; 4) Empoderamiento y participación ciudadana y 5) Cambio climático y gobernanza de recursos naturales.

El Tercer Plan de acción (2016-2018) puede consultarse en http://gobabiertomx.org/noticias/plan-de-accion-2016-2018/

El impulso del Parlamento Abierto en México y otros países, comparte las bases conceptuales del Gobierno Abierto, con la idea de adaptarlas a las particularidades del Poder Legislativo.

En 2014, organizaciones de la sociedad civil con experiencia de trabajo en transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso cívico de las tecnologías, en conjunto con el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República y, posteriormente, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), impulsaron los primeros avances para establecer un espacio de diálogo y colaboración entre los órganos garantes del derecho de acceso a la información, los congresos locales, el Congreso de la Unión y la sociedad civil, para mejorar el sistema de rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, tomando como punto de referencia la participación ciudadana y el uso de las tecnologías de la comunicación en el proceso legislativo. Como objetivo principal se definió que, para 2018, las treinta y cuatro legislaturas del país se comprometieran a asumir los compromisos del Parlamento Abierto.

Este espacio de diálogo y colaboración se llamaría Alianza por el Parlamento Abierto (APA). Sus objetivos específicos serían:

Definir los principios que deben cumplir las instituciones legislativas en México para ser Parlamentos Abiertos;
Impulsar la adhesión de las instituciones legislativas mexicanas a la Alianza para el Parlamento Abierto;
Articular los trabajos de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones legislativas mexicanas y los órganos garantes de acceso a la información;
Promover la elaboración de programas de trabajo que guíen la transformación de las instituciones legislativas mexicanas en Parlamentos Abiertos; y
Dar seguimiento al cumplimiento de los programas de trabajo comprometidos por las instituciones legislativas mexicanas que se adhirieron a APA.
Las organizaciones de la sociedad civil que comenzaron a impulsar el Parlamento abierto son: Arena Ciudadana, Borde Político A.C.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Gesoc, Gestión Social y Cooperación A.C.; IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C; Impacto Legislativo; OPI; Social TIC; Sonora Ciudadana; Transparencia Mexicana y Visión Legislativa.

Las voces y perspectivas diversas de las organizaciones de la sociedad civil tuvo como resultado el primer ‘Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México’, en el cual se definen las variables básicas que deben caracterizar a un Parlamento abierto. El diagnóstico se sustenta en 10 principios, que a su vez se desglosan en 95 indicadores; los principios se enlistan a continuación:

Derecho a la información.
Participación ciudadana y rendición de cuentas.
Información parlamentaria.
Información presupuestas y administrativa.
Información sobre legisladores y servidores públicos.
Información histórica.
Datos abiertos y no propietarios.
Accesibilidad y difusión.
Conflictos de interés.
Legislación a favor de Gobierno Abierto.
En septiembre de 2014, el Presidente de la Mesa directiva del Senado de la República, la Comisionada Presidente del INAI y representantes de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del APA, firmaron la ‘Declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, en la que se comprometieron a instalar un secretariado técnico tripartita para:

Establecer las normas internas de colaboración;
Convenir la política de comunicación e identidad de la APA;
Generar la metodología para la elaboración de los Planes de Acción correspondientes con la implementación progresiva de los compromisos enmarcados en los 10 Principios de Parlamento Abierto;
Establecer entre las partes un cronograma de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la Alianza; y
Acordar el posicionamiento conjunto y la participación de la APA en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y a nivel internacional.
Sin embargo, hasta el momento no hubo avances en la implementación de estos acuerdos, ni se ha realizado la instalación del Secretariado Técnico; por lo tanto, no se cumplieron aún los objetivos planteados, siendo una asignatura pendiente para los actores firmantes de la Declaración de lanzamiento de la APA.

En los últimos años podemos identificar avances en la apertura parlamentaria: se ampliaron las obligaciones de transparencia para las instituciones legislativas, en las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública –en proceso de cumplimiento-. De igual forma, en el Senado de la República se han dado varias prácticas de parlamento abierto, como la elaboración y discusión de la misma Ley General de Transparencia y las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el proceso de designación de las y los Comisionados del INAI, o la inclusión de preguntas ciudadanas en la glosa del Informe de Gobierno. Por parte de las organizaciones, además de la elaboración del Diagnóstico, hay que considerar los proyectos ‘Legislador transparente’, #MejorPEF16, las plataformas de monitoreo como Borde Político, el ‘Informe Legislativo’, el Reporte Legislativo anual, entre otras.

Sin embargo, sigue haciendo falta contar con espacios para discutir ampliamente cuáles son las características de un modelo de parlamento abierto en nuestro país, y la mejor forma de implementarlas, para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el poder legislativo, mediante la participación y el uso eficaz de las tecnologías, y así aumentar la confianza ciudadana en las instituciones.

Además del Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, habría que considerar los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2014, en el que el Congreso obtiene 37% de transparencia legislativa, sólo por arriba de Argentina (36%), Bolivia (25%) y Venezuela (21%), cabe señalar que, en 2014, ninguno de estos tres países tenía una Ley de Acceso a la Información.

Por ello, es necesario avanzar constantemente en la garantía del derecho de acceso a la información en el ámbito legislativo, reflexionar sobre las implicaciones que tiene la participación ciudadana para las actividades parlamentarias, discutir si son suficientes y eficaces los mecanismos de rendición de cuentas del Congreso y definir la forma más adecuada para aprovechar las innovaciones tecnológicas.