Los parlamentos de Cataluña y Canarias han aprobado recientemente sus propios códigos de conducta para los diputados

En tiempos de desafección y de críticas a los parlamentarios, que la entrada de los nuevos partidos parece no ha conseguido revertir del todo, hablar de regular la conducta de los parlamentarios y de aprobar «códigos de conducta»  acaso pueda interpretarse como dar alas al populismo y a la antipolítica. Nada más lejos de la realidad. El problema de la posible confusión viene cuando al hablar de «conducta» parece que nos introducimos en los siempre resbaladizos caminos de la moral y la ética. Hablar de ética nunca viene mal pero no es el marco en el que se sitúa el debate sobre los denominados «Códigos de conducta para los parlamentarios». La reciente aprobación de sendos códigos de conducta por los parlamentos catalán y canario y la inclusión como un criterio de transparencia por la organización «Transparencia Internacional» hace que sea necesario volver a hablar del tema y situarlo en el marco de las medidas concretas y evaluables a favor de la transparencia, la apertura del parlamento y una democracia de mayor calidad. Aprobar instrumentos como los códigos, si se aplican luego con rigor, reforzará la confianza en las cámaras y aumentará los niveles de legitimidad de la institución.

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