Mucho se ha avanzado en los últimos años en la definición de qué es un “gobierno abierto”. Así, en la espléndida Guía práctica para abrir gobiernos“, Mila Gasco avanzaba una definición que recogía diversos y fructíferos debates conceptuales:
“Gobierno abierto puede definirse como un modelo de gobierno que persigue maximizar el valor público promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y la participación y la colaboración y, a través de la priorización de un uso intensivo de la tecnología, apostando por el co-gobierno y, en este sentido, instaurando una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, lo que implica dar voz a una ciudadanía corresponsable.”

Rafa Rubio lleva tiempo hablando de “parlamento abierto” como una adaptación conceptual del paradigma del gobierno abierto, con el necesario ajuste a la singularidad del parlamento. Los ejes de los que se suele hablar: transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, dialogo, escucha activa varían en el caso del parlamento al variar el cliente y al ser una institución que debe garantizar, por definición, el pluralismo político en su composición, a diferencia de la estrategia de un gobierno (administración) que responde a un programa político (ya sea monocolor o de coalición).
Igualmente, por su parte, Antoni Gutierrez-Rubí también está dedicando tiempo y esfuerzo a la definición de conceptos relacionados con el parlamento abierto y la transparencia radical. En su muy trabajada aportación al Encuentro sobre Transparencia que tuvo lugar en los cursos de verano de la UIMP en Santander insistió en que las instituciones y los parlamentos “no pueden desaprovechar el enorme caudal de talento social por parte de la ciudadanía en relación con los servicios públicos”

 

En esta ocasión vale la pena destacar los trabajos que está desarrollando la “Open Government Partnership” en colaboración con otras instituciones, para promover el parlamento abierto a través del impulso de planes estratégicos o planes de acción que concreten en puntos aplicables los modelos teóricos.
Uno de estos últimos proyecto culminó el pasado 17 de julio con la aprobación por el Parlamento de Georgia del “Plan de acción para el Parlamento Abierto“. Aunque ahora se comentarán los principales puntos, cabe destacar la importancia de abordar la apertura del parlamento desde un planteamiento estratégico y como un acuerdo político de la Cámara. El parlamento abierto no puede ser un tema partidista de una facción contra otra aunque también es igualmente importante señalar que tampoco es una cuestión meramente técnica que puedan ejecutar los servicios de la cámara sin que exista el necesario e imprescindible acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
Algunos de los puntos más significativos del plan para un parlamento abierto en Georgia son los siguientes:
 GPmedios electrónicos o través de formatos convencionales)

Ya es posible en algunos países, como Brasil o Finlandia, que sus ciudadanos participen en el proceso legislativo a través de diversas plataformas disponibles en las páginas webs institucionales de sus parlamentos. En nuestro país existen ya trabajos académicos al respecto entre los cuales cabe destacar por su profundidad el de Enrique Cebrian Zazurca sobre la Deliberación en Internet En otras páginas he comentado como los proyectos exitosos de participación en el parlamento tienen que tener características diferenciales respecto a simples buzones de recogida de sugerencias. En los trabajos de la ponencia para la Reforma del Reglamento del Congreso se llegaron a plantear ya propuestas concretas para que los ciudadanos pudieran enviar a través de la página web del Congreso sus propuestas. Cabe esperar que sea éste uno de los temas que se vuelva a plantear con fuerza en la próxima legislatura.

2. Presentación de e-peticiones de forma electrónica por parte de los ciudadanos así como iniciativas legislativas

El parlamento de Georgia se plantea implantar antes de 2016 en su sitio web un canal para la presentación electrónica de peticiones. Distintas organizaciones de la sociedad civil han señalado la conveniencia de modificar el sistema de presentación de peticiones ante el parlamento para incorporar la presentación electrónica y darles más visibilidad al estilo de lo que ya se está haciendo por otros gobiernos como la Casa Blanca o por parlamentos como el británico. El derecho de petición en el sistema español tiene un lugar residual que contrasta con la dimensión que cobran plataformas de peticiones online como change.org.

3. Reforzar el compromiso cívico con el proceso legislativo.

A propuesta del National Democratic Institute (NDI) el acuerdo adoptado en el Parlamento de Georgia implica reforzar la capacidad de la ciudadanía para poder recibir información sobre las enmiendas presentadas a las iniciativas legislativas, incluida la reforma constitucional, y poder formular opiniones sobre las mismas.

4. Proporcionar un seguimiento sencillo y ágil por por parte de los ciudadanos de las sesiones de Pleno y Comisiones.

Este punto puede sorprender desde la óptica europea pero no hay que perder de vista que el esfuerzo tecnológico para la emisión en directo y en diferido de las sesiones parlamentarias requiere notables inversiones. Los proyectos llevados a cabo por el Centro TIC y la Dirección de Comunicación del Congreso para potenciar la dimensión audiovisual son claramente punteros en el contexto parlamentario. Sin duda, la posibilidad existente respecto al Congreso de poder recuperar y descargar cualquier intervención de cualquier parlamentario es una aportación significativa para la transparencia parlamentaria.

5. Publicación de las agendas y ordenes del día de las sesiones de los órganos parlamentarios con suficiente antelación

Este punto puede también parecer de poca importancia desde nuestra perspectiva donde los órdenes del día del Pleno y Comisiones se publican regularmente en la página web; sin embargo, para una participación efectiva de la ciudadanía es esencial conocer con suficiente antelación la agenda legislativa del ejecutivo así como los ritmos y tiempos de la tramitación legislativa (no exenta de complejidad para los no expertos) en los que es posible influir en el resultado. No en vano una de las actividades importantes de las empresas de asuntos públicos precisamente pasa por conocer esa agenda legislativa y trabajar para informar a sus clientes de la forma en que esa agenda legislativa les puede influir.

6. Incrementar el conocimiento sobre las actividades y funciones del Parlamento reforzando su imagen institucional

Contar con una estrategia de comunicación institucional que incluya la presencia en redes sociales es una parte esencial de un parlamento abierto. La comunicación no es el final del proceso como una especie de servicio post-venta sino que tiene que estar incluida desde el principio en el proceso de acción política. No se trata de hacer y luego contar lo que se hace sino que el propio proceso de actuación parlamentaria sea comunicada de forma transparencia y de forma simultánea a su acontecer.

7. Accesibilidad de la documentación parlamentaria para las personas con discapacidad.

El Parlamento de Georgia en su plan es consciente de que no puede haber un parlamento abierto si no es inclusivo respecto a las personas con necesidades diferentes y diversas. Por tanto, sigue siendo clave hoy en día trabajar por la accesibilidad universal de las tecnologías para el acceso a la información. En el caso del Congreso, se han firmado acuerdo con organizaciones del sector en este sentido. Se puede citar como ejemplo el trabajo que lleva a cabo la Dirección de Comunicación en relación con la emisión de las sesiones parlamentarias en lengua de signos.

8.  Publicidad de las comparecencias de expertos durante el proceso legislativo

El plan que comentamos destaca la importancia que tiene durante el proceso legislativo contar con las aportaciones de los principales agentes sociales (“stakeholders”) y, asimismo, es un requisito de la transparencia que las aportaciones que puedan realizar tanto estos agentes como expertos en la materia sean públicas para la ciudadanía.
En el caso español, las comparencias en subcomisiones y ponencias son a puerta cerrada mientras que sí se publican las comparencias en comisiones. Los argumentos a favor de una cierta privacidad de estas aportaciones señalan que los comparecientes pueden expresarse con más libertad si saben que sus aportaciones y documentos no van a ser difundidos. Este argumento es razonable pero se podría no llevar al extremo y permitir, por ejemplo, que las aportaciones,  con la expresa autorización de sus autores,  puedan ser hechas publicas en la página web de la institución.
Este punto tiene que ver con algunas iniciativas como las denominadas “audiencias ciudadanas” recientemente reguladas en la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

9. Publicar la documentación complementaria de las iniciativas legislativas

La documentación remitida por el Gobierno en relación con una iniciativa legislativa proporciona, en ocasiones, información de interés y necesaria para comprender el alcance de una iniciativa legislativa. En el caso español, ésta ya se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del Congreso junto con la información de apoyo preparada por la Dirección de Documentación.

10. Publicación de los documentos en la página web institucional en formatos abiertos y reutilizables.

El Parlamento de Georgia se propone introducir de forma paulatina los formatos reutilizables en sus documentos de forma complementaria al clásico formato PDF. En el caso del plan se citan los formatos html o .doc pero sería necesario evolucionar hacia otros estándares que favorezcan el intercambio y la reutilización con el XML así como realizar un planteamiento integral y estratégico de creación de un portal de datos abiertos parlamentarios que incluya los datasets más demandados por las organizaciones de monitorización parlamentaria.

11. Creación del Comité Permanente Parlamentario para la Transparencia

El Parlamento de Georgia se plantea crear un órgano de colaboración con la sociedad civil y las ONG’s integrado por parlamentarios y por representantes de estas organizaciones que pueda realizar funciones de revisión y rendición de cuentas de los avances realizados en transparencia y apertura del parlamento. Asimismo se plantea la celebración de encuentros anuales con la sociedad civil que respondan a los principios de rendición de cuentas y transparencia.
En nuestro entorno parlamentario ya se están aprobando algunas iniciativas en este sentido. Por ejemplo, en la reforma del reglamento de las Cortes Valencianas realizada en 2015 se establecía que “Les Corts deberán establecer, en su caso, los correspondientes convenios de colaboración con las entidades que promuevan la democracia participativa por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.” (art. 110) del reglamento.

12. Elaboración de un Código Ético para los parlamentarios.

Por último, hay que destacar este importante punto que enlaza precisamente con una de las recomendamos que el Grupo GRECO del Consejo de Europa formuló en 2014 para su adopción por el parlamento español. En este informe se recomendaba al parlamento que “elabore y apruebe un código de conducta con la participación de sus miembros y que sea de fácil acceso para los ciudadanos (que incluya asesoramiento sobre, por ejemplo, la prevención de conflictos de intereses, regalos y otras ventajas, actividades complementarias e intereses financieros, requisitos de publicidad ); (ii) que se complemente con medidas prácticas para su puesta en práctica, incluso a través de una fuente institucional de asesoramiento confidencial que proporcione a los parlamentarios orientación y asesoramiento sobre cuestiones éticas y posibles conflictos de intereses, así como con actividades formativas especializadas“. Este punto no ha sido abordado aún en esta legislatura por parte de las Cortes; sin embargo, sí que está incluido en la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña antes comentada.

En conclusión, el comentario de los principales puntos del plan del Parlamento de Georgia para conseguir un parlamento abierto tiene interés en la medida que muestra como existe un movimiento en distintos países de distintos contextos políticos y culturales que ya habla de forma institucional del concepto de “parlamento abierto” y va introduciendo en sus reglamentos reformas que refuerzan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

En el contexto político español y, en especial, en la próxima legislatura cabe esperar que estas cuestiones ocupen un punto importante en la agenda política.