ACTUALIZACIÓN: 7 de junio de 2017
En tiempos de postverdad, los hechos objetivos, los datos, influyen mucho menos sobre la opinión pública que las falsas creencias edificadas sobre la base de las llamadas a la emoción o a las creencias personales. Será aquello de la «política de los afectos» sobre la que teoriza Imma Aguilar o será que nos estamos volviendo estúpidos, el caso es que el desconocimiento o, directamente, las falsedades sobre el trabajo parlamentario y la agenda de los parlamentarios abundan.
Por ejemplo, este mes de enero, un conocido programa de televisión de las mañanas perpetraba un vídeo sobre el trabajo parlamentario en enero con este fantástico, en el sentido de fantasioso, titular: «Vacaciones diputados: tienen mas días libres que un alumno de primaria». La falacia, fácilmente desmontable, está en que uno de los problemas habituales, en términos de opinión pública, es la consideración de que el trabajo parlamentario es exclusivamente el que se realiza en los recintos parlamentarios cuando está reunidos el Pleno.
Planteando el debate en positivo, la adopción de medidas para, de alguna manera, facilitar la publicación de las agendas de actividades públicas de los parlamentarios haría visible las posibilidades de participación e interacción con el parlamentario a través de reuniones de trabajo o de intercambio de información y ayudaría a desmontar esa idea de que los parlamentarios solo trabajan cuando hay pleno.
En el tan comentado en este blog Informe del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) se valoraba el esfuerzo que ha supuesto la publicación en la página web de ambas cámaras de las declaraciones de actividades y, posteriormente, de las declaraciones de bienes pero se instaba a publicar las agendas de contactos de los parlamentarios con terceras partes sobre todo en lo que se refiere a los agentes que pueden influir en el proceso legislativo. La publicidad de las agendas está muy relacionada con la aprobación de códigos de conducta en el parlamento así como con la regulación del lobby.
El 20 de diciembre de 2016, la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba una Proposición no de ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción (GRECO). (161/001010) en la que se instaba a la propia Cámara a modificar su propio reglamento con las siguientes indicaciones, entre otras:
- Reforzar las obligaciones de información relativas a las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales de los diputados, que deberán homologarse a las que rijan para los altos cargos y que deberán incluir la manifestación de otros intereses específicos o sectoriales del parlamentario, por las tareas recientes, por la titularidad de participaciones o por cualquier otra circunstancia que no se deduzca claramente de sus declaraciones.
- Establecer la obligación de los diputados de presentar, al comienzo y fin de su mandato, una Certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
- Atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados, además de sus funciones preparatorias de las decisiones del Pleno en materia de incompatibilidades, la capacidad para comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales de los diputados y, concretamente, para investigar las omisiones o falseamientos en las mismas, así como el incumplimiento de las autorizaciones concedidas por la Cámara.
- Aprobar un código de conducta de los parlamentarios, entre otros, sobre conflictos de intereses, regalos y beneficios personales, actividades adicionales, intereses financieros y obligaciones declarativas.
- Crear un Registro público de Grupos de Interés o Lobbies y regular las relaciones entre los parlamentarios y dichos grupos que pretendan influir en el proceso legislativo, de forma que se evite la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.
En la PNL aprobada no hay una mención expresa a las agendas de los parlamentarios, a pesar de que en el Informe de GRECO sí que se pone en relación la regulación de los grupos de interés con la publicidad, entre otras cuestiones, de la agenda pública de los diputados.
Hay que tener en cuenta que el conocimiento de las agendas de los responsables públicas cuando se refieren a encuentros que tienen lugar en relación con el desempeño de sus funciones públicas se encuentran dentro del ámbito de cobertura del concepto de información pública de acuerdo con la definición del art. 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno como «documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones» y que, como tal información pública, pueden ser solicitadas por los ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
El Consejo de la Transparencia, en un interesante criterio conjunto elaborado con la Agencia de Protección de Datos Personales, sobre las «agendas de los responsables públicos» ya ha delimitado perfectamente el ámbito de protección de los datos personales, ya que en el contenido de las agendas los nombres de los participantes en las reuniones son, obviamente, datos personales. El criterio del Consejo es favorable a facilitar la información sobre la agenda del responsable público en una ponderación adecuada entre la protección del dato personal y el interés publico en conocer los asistentes a una reunión ya que esto puede transparentar mejor el funcionamiento del sector publico y el procedimiento de toma de decisiones.
En el criterio interpretativo, que hay que leer con atención, se dan una pautas específicas acerca de cómo tratar diversos supuestos tales como las reuniones con responsables de sindicatos o confesiones religiosas (cuyo conocimiento puede incidir en aspectos de alta protección); reuniones con consultores u otros agentes privados, etc.
El criterio interpretativo utiliza el concepto «responsables públicos» que, para el caso de las cámaras, puede incluir también la agenda de reuniones de los secretarios generales y otros cargos nombrados por las mesas.
Posteriormente, el propio Consejo de Transparencia aprobó la «Recomendación 1/2017 sobre información de las agendas de los responsables públicos» en la que precisa el concepto de «Agenda para la transparencia» que define como «la relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres asumidos por los altos cargos y máximos responsables según lo indicado en la disposición anterior en un período de tiempo determinado, soportada en libros, cuadernos, dispositivos electrónicos o cualquier otro medio que sirva para anotar, tener constancia o hacer seguimiento de los temas o asuntos que se traten«.
Asimismo en la Recomendación 1/2017 se dice que «serán Agendas para la Transparencia las que reflejen la actividad pública de los sujetos incluidos en la presente recomendación, es decir, aquella parte de su actividad relacionada con la toma de decisiones en las materias de su competencia, la gestión y manejo de fondos o recursos públicos y la delimitación de criterios de actuación», lo cual ya da razonables pistas acerca de los contenidos que debe tener la publicación de una agenda.
Es básico, que las recomendaciones sobre la publicación de las agendas de los parlamentarios no se queden en meros exhortos a su publicación sino que deben incluir criterios que delimiten los contenidos a publicar para que no se creen lagunas de contenido y se publiquen agendas vacías de contenido o que sólo contengan aquellos actos institucionales ya sobradamente publicados a través de otras vías.
La publicidad por iniciativa propia de las agendas ya la están realizando parlamentarios individuales, formaciones políticas y grupos parlamentarios a través de páginas web, blogs, Twitter o Facebook. Existen también procedimientos como la utilización de un hastag en Twitter tipo #Agenda para hacer posible la localización de la agenda o la publicidad en Facebook bien a través del perfil personal o del perfil del grupo parlamentario.
Ventajas de la publicidad de la agenda del diputado
Las ventajas que para un parlamentario puede tener la publicidad de su agenda son, en nuestra opinión:
- Es un excelente manera de dar a conocer de primera mano el trabajo parlamentario y rebatir la falacia a la que hacíamos referencia más arriba que liga en exclusiva el trabajo parlamentario a la participación en sesiones plenarias.
- Es una herramienta para la rendición de cuentas ya que permite que la ciudadanía realice un escrutinio activo sobre el desempeño de la función representativa.
Contenidos de la agenda parlamentaria
Algunos contenidos que se pueden incluir en la agenda son:
- los viajes, naciones o internacionales, realizados tanto los de carácter institucional como lo de contenido de partido;
- los actos institucionales en los que participa;
- los foros, conferencias u otros eventos en los que interviene o asiste;
- las entrevistas en medios de comunicación así como cualquier otra presencia en prensa;
- las reuniones con representantes de la sociedad civil o con organizaciones no gubernamentales;
- las reuniones o actos de partidos o en los que interviene en calidad de miembro de un partido;
- las reuniones con miembros de agencias de representación de asuntos públicos, grupos de interés o lobbys.
Desde el punto de vista institucional, en el caso del Congreso de los Diputados en la X Legislatura, a petición de varios grupos parlamentarios, se puso en marcha un procedimiento «sui generis» de publicidad de la agenda de los diputados.
Se estableció que un diputado puede solicitar que en su ficha personal en la página web figure un enlace a un servicio externo, por ejemplo, Google Calendar o similares, en la que figure su agenda pública. Este sistema en la citada legislatura fue utilizado por cerca de un centenar de parlamentarios. Tiene la ventaja de la flexibilidad del sistema ya que los parlamentarios pueden utilizar la herramienta tecnológica con la que estén más familiarizados y además son directamente responsables de la calidad de los datos publicados.
En las XI Legislatura, acaso por su excepcionalidad, su uso decayó así como en esta XII legislatura, aunque son algunos los parlamentarios que siguen utilizando esta formula de transparencia y así se puede encontrar en el apartado de contacto con los diputados. Cabe esperar que, a lo largo de la legislatura el uso de esta herramienta de transparencia se vaya generalizando entre los diputados tanto por su facilidad de uso como por las ventajas que puede reportar.
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